La verdad es que barajaba muchos títulos para esta entrada, pero creo que me he decantado por el más claro y el que expresa toda la rabia que sentimos al final del día los asistentes a la «Jornada sobre la Transposición de Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y a la traducción de los procesos penales». Bueno, quizás no todos sintieron rabia, porque sus señorías ministeriales también asistieron y, como el que no quiere la cosa, desaparecieron tras la primera pausa de café de la mañana.
Vaya por delante nuestro agradecimiento infinito a los organizadores de la Jornada, especialmente a Dña. Carmen Zamorano Herrera, responsable del departamento de Traducción y Coordinación Lingüística de la Comisión Europea en Madrid, por haber invitado a ANETI a mostrar la postura de sus socios.
Como ya explicamos en nuestra anterior entrada: «Hoy defendemos el sector de la TeI judicial en Madrid», nuestra presencia en la Jornada representaba a los socios de ANETI y su postura frente a la creación del Registro de TeI judiciales, tarifas, contratos y responsabilidades y, en esta, nos gustaría dar unas pinceladas que esbocen la postura de nuestra asociación.
Dos fueron las asociaciones de empresas invitadas y únicamente ANETI explicó su argumentario, que, en pocas líneas, se resume en:
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EACIÓN DE UN REGISTRO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES
La Directiva 2010/64/UE recomienda la creación de uno o varios registros y el Proyecto de Ley español también lo incluye, hasta aquí todo bien, peeeeeeero la responsable del Ministerio de Justicia nos dijo en la Jornada que este registro estaría compuesto tanto por personas físicas (traductores e intérpretes) como por personas jurídicas (empresas). Desde nuestro punto de vista, esto es una aberración y consideramos que el futuro Registro debe estar compuesto únicamente por personas físicas, pues como muy bien apuntó Margaret Clark (representante de la Red Vértice): «En el registro de médicos colegiados no hay clínicas».
TARIFAS PARA TRADUCTORES E INTÉRPRETES JUDICIALES
Desde ANETI, creemos que ya basta de no hablar de tarifas y de escudarnos en que la ley impide imponer o recomendar tarifas, pues las leyes se pueden cambiar y hasta la Constitución en una tarde, si al Gobierno le apetece.
Nos remitimos al caso de éxito de Canarias, en el que tienen una tarifa fija y pública para la traducción y para la interpretación judicial: 36€ por hora con un mínimo de 27€ en el caso de intervenciones inferiores a 45 min y 25€ para los días de guardia sin intervención.
Creemos que se debería imponer un precio por palabra para la traducción, un precio por hora para la interpretación (incluyendo desplazamientos y tiempos de espera) y un precio fijo para la gestión de los proyectos de traducción e interpretación. Pues las empresas licitadoras de nuestro grupo estarían más conformes sabiendo cuánto tienen que pagar y cuánto ganan por su gestión. Pues si exigimos una remuneración digna para los traductores e intérpretes, también debemos exigir una remuneración digna para los gestores de proyectos.
CONTRATOS DE LICITACIÓN
Nuestro representante en la Jornada (Gabriel Cabrera) criticó el sistema actual de licitaciones, que no hace sino reducir los precios de salida y no tomar en consideración las bajas temerarias ni la explotación del personal. No creamos que solo ciertas empresas (que no se encuentran en nuestra asociación) explotan, la propia Administración también desempeña su papel en todo esto.
RESPONSABILIDAD
Al igual que ocurre en otros países, consideramos que visto que, a partir de ahora, se va a crear un Registro de TeI judiciales (aunque Cataluña ya ha anunciado que lo recurrirá al Constitucional en cuanto este vea la luz), los intérpretes y traductores del Registro deben ser responsables de su trabajo en los juzgados y suscribir su propio seguro de responsabilidad civil.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Para terminar, ANETI solicita la desaparición de la Disposición final segunda que dice: «Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal».
Es inaudito que en una ley sobre Justicia estemos hablando de dinero y se diga que NO se contempla ni un euro más.
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Pero para nosotros lo más grave de todo esto es que los representantes del Ministerio de Justicia y del Gobierno en general (excepto el grupo Izquierda Plural) no aguantaron más allá de la primera pausa de café; lo cual implica que durante todo el día las asociaciones profesionales, los representantes de las universidades, las asociaciones empresariales y las comunidades autónomas que acudieron a la cita estuvimos hablando al aire, al horizonte, a la nada.
Como buen sabor de boca nos trajimos felicitaciones para nuestros dos asociados con licitaciones en los juzgados de algunas Comunidades Autónomas de España: CCI y Ofilingua, como ejemplos de buenas prácticas de tarifas y trato a los profesionales.
ANETI (Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación) www.aneti.es – Twitter: @Aneti_info
