El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, solicitó el pasado mes de agosto que el Consejo de la Unión Europea incluya el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.
La petición supondría una modificación del reglamento lingüístico de la UE, que data de 1958 y que se ha ido modificando con las sucesivas ampliaciones de la UE, pasando de cuatro lenguas oficiales en un primer momento -francés, alemán, italiano y neerlandés- a las 24 actuales. La última lengua en incorporarse fue el croata en 2013. Cualquier cambio de este reglamento debe ser decidido por unanimidad de los estados miembros.
No obstante, aunque el catalán, el euskera y el gallego no son oficiales en la Unión, pueden ser utilizadas en algunas instituciones comunitarias bajo determinadas condiciones: no pueden usarse en la actividad parlamentaria, pero sí en las comunicaciones entre la Eurocámara y los ciudadanos.
La UE tiene 24 lenguas oficiales:
el alemán, el búlgaro, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco.
Implicaciones en Traducción e Interpretación
Si se acepta la petición de España, las implicaciones son enormes, ya que toda la documentación de la Unión Europea tendría que estar disponible en 27 lenguas. Supondría traducir todos los documentos de la UE, desde el Tratado de Funcionamiento hasta la jurisprudencia y la documentación emitida durante los últimos 65 años.
También habría que contar con intérpretes para las tres lenguas en las reuniones del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, ya que los representantes de los Estados miembros pueden utilizar cualquier lengua oficial de la UE en estas reuniones.
La Unión Europea gasta actualmente cerca de 330 millones de euros en servicios de traducción, según la Directiva de Traducción de la Comisión Europea. La inclusión de cuatro nuevas lenguas podría suponer un aumento significativo del presupuesto.
Además, permitir estas lenguas podría abrir la puerta a peticiones similares de otros grupos lingüísticos de la Unión Europea que actualmente no son lenguas oficiales de la UE (por ejemplo, el luxemburgués).
El ejemplo irlandés
El gaélico es la única lengua cooficial que ha sido reconocida entre las oficiales de la UE hasta la fecha (el caso más similar al que ahora presenta España).
Desde la entrada de Irlanda en 1973 los tratados se tradujeron al gaélico, aunque no fue hasta 2005 cuando se llevó a cabo la solicitud para convertirlo en lengua oficial. En 2007 se aprobó por unanimidad aunque, debido a la escasez de recursos y traductores para volcar toda la documentación, se estableció una derogación para traducir solo ciertos documentos, una medida que comenzó a retirarse a petición de Irlanda a partir de 2015 y que caducó en 2022, cuando hubo capacidad para aplicar la normativa y traducir los documentos.
El único caso, por tanto, llevó dos años para lograr el reconocimiento y dieciséis para equipararlo al resto de idiomas en cuanto a volumen de documentación traducida.
¿Sabías que…?
El inglés sigue siendo una lengua oficial de la UE, a pesar de que el Reino Unido haya abandonado la UE. Se mantiene como lengua oficial y de trabajo de las instituciones de la UE mientras así figure en el reglamento. Además, el inglés es una de las lenguas oficiales de Irlanda y Malta.
Cambios también en el Congreso y el Senado españoles
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también anunció este verano que, a partir de esta XV Legislatura, permitiría el uso de las lenguas cooficiales, catalán, gallego y euskera en los debates parlamentarios, aunque reconoció que su implantación conllevaría “complejidades”. Por un lado, requeriría una actualización del reglamento y, por otro, supondría un desafío logístico si, como parece, quiere implementarse de inmediato.
Lo cierto es que en la actualidad el Reglamento del Congreso no establece qué lengua debe ser utilizada en los debates, por lo que tampoco prohíbe el uso de las cooficiales. Pero, en la práctica, su uso ha sido vetado por los distintos presidentes cuando ha habido diputados que las han empleado desde el atril. Es decir, sí han permitido citas o frases breves en esos idiomas cooficiales, pero no toda una intervención.
De hecho, la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, apercibió en 2022 a Albert Botran (CUP). Otro caso fue el de Néstor Rego (BNG), al que se le retiró la palabra en 2020 por realizar su intervención en gallego.
Según aparece en la web del Congreso de los Diputados, la Cámara Baja cuenta con un total de tres traductoras-intérpretes de inglés, francés y alemán. Por el momento, se desconoce cómo se contratarán a los profesionales y/o empresas que se encarguen de los servicios de traducción e interpretación, y los servicios técnicos.
El Senado, por su parte, permite desde 2011, gracias a la última Reforma del Reglamento del Senado sobre el uso de lenguas cooficiales, que los senadores utilicen las distintas lenguas cooficiales en intervenciones y situaciones concretas, así como en los documentos escritos, siempre y cuando vayan acompañados del texto en castellano.
En el Senado hay una lista de 25 traductores e intérpretes a los que se recurre para la traducción de las iniciativas en lenguas cooficiales. Esta lista se realizó en 2005 a raíz de un concurso público pero, desde entonces, no ha sido actualizada. Según se ha publicado, el presupuesto en traductores para 2023 es de 280.000 euros.
Además, el Senado tiene un convenio de colaboración desde 2022 con el lnstitut d’Estudis Catalans y otro con Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca). En estos documentos se indica que la Cámara Alta podrá solicitar a estas instituciones el “asesoramiento y la colaboración que sean necesarios en los procesos de selección de intérpretes o traductores” en sus respectivas lenguas cooficiales.
